EL RETO DE LA MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL PLANTA LOCAL

Los gobiernos municipales salidos de las últimas elecciones ya han cumplido sus primeros 100 días de mandato, la mayor parte de los cuales, además de coincidir con el verano, se han ido en discusiones más o menos afortunadas sobre algunos asuntos que, aunque llamativos desde el punto de vista periodístico, no lo son tanto para la generalidad de los ciudadanos que lo que esperan son propuestas para sus problemas.

Ahora acaba de renovarse la Federación Española de Municipios y Provincias, por lo que, aunque quedan por hacerlo la mayoría de Federaciones autonómicas, sin embargo ya tenemos operativos a los actores principales para el completo inicio de la X Legislatura de los Ayuntamientos democráticos tras la aprobación de la Constitución, que debería ser un punto de inflexión que nos lleve a replantearnos el futuro de nuestra Administración Local. Dicho con todas las cautelas por cuanto en la Comisión de Gobierno de la FEMP no hay ningún representante de los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes aunque supongan casi el 85 % del total, al contrario, la mitad de ellos están encuadrados entre los llamados municipios de gran población, es decir y resumiendo, por encima de los 75.000 habitantes a pesar de representar tan sólo el 1,3 % del conjunto de Ayuntamientos españoles, siendo los representantes de menor población la Alcaldesa de Haro, en La Rioja, con poco más de 11.500, y el Alcalde de Lasarte-Oria, en Guipúzcoa, con algo más de 18.000, por cierto, los únicos con menos de 20.000 habitantes que es a quienes se les aplica con más crudeza la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, representando el total de Alcaldes presentes en esa Junta de Gobierno escasamente al 8,5 % de todos los Ayuntamientos por tramos de población, no difiriendo mucho de la anterior, aunque en esa si que había un representante de menos de 5.000 habitantes, y a los resultados me remito.

Muchos son los retos, desde luego algunos muy importantes, por lo que deberíamos empezar a oír hablar de la reforma local, o mejor dicho, del nuevo marco legal que necesita nuestra Administración Local. También deberíamos empezar a oír hablar sobre financiación local, que es una ley pendiente y que ningún Gobierno, de ningún signo, se ha atrevido (o ha sabido) acometer. Incluso más pronto que tarde oiremos hablar sobre el futuro de los servicios sociales municipales, que deberán ser asumidos por las Comunidades Autónomas con el inicio del próximo año y para lo que ninguna tiene capacidad económica, ni se están preparando para ello, o lo que es más grave, no tienen interés ninguno en hacerlo, a pesar de lo sensible de la materia y de lo delicada de la situación de sus usuarios.

Como digo, esas son cosas de las que empezaremos a oír hablar y seguro que habrá cambios. Pero si hay algo trascendental y de largo alcance que debe afrontarse desde el principio es determinar si lo que se quiere es reformar, y por lo tanto legislar para los Ayuntamientos “minifundistas” que tenemos hoy en día, que sin duda jugaron un papel fundamental en el desarrollo de nuestra actual Administración Local desde aquellos primeros munícipes elegidos el 3 de abril de 1979 pero que en la actualidad suponen un modelo superado; o se apuesta por transformar, configurando otros Ayuntamientos que puedan hacer frente a las necesidades de este Siglo XXI y que sean quienes de coger ese testigo y seguir progresando en lugar de quedarse atascados y morir de éxito.

Ese reto es el redimensionamiento de la planta local, de la fusión de Ayuntamientos. Se trata de una cuestión difícil, quizás dolorosa, pero inaplazable. En España hay 8.121 Ayuntamientos de los que el 60 % tienen menos de 1.000 habitantes. Y ahora las necesidades de la población exigen unas respuestas que estos pequeños municipios no pueden dar, con el resultado que comprobamos día tras día del abandono continúo del rural, que provoca un empeoramiento aún mayor en las condiciones de quienes se quedan. Y la alternativa a la fusión no puede ser el dejar morir a estos pueblos hasta desaparecer.

Soy consciente de que esto conlleva un gran sacrificio no sólo político sino personal pero que tendría una satisfacción final impagable ya que el que algunos tengan que dejar la política local al reducirse el número de cargos a la vez que el número de Ayuntamientos lo sería a cambio de un aumento muy significativo del nivel de vida de sus vecinos, que, en definitiva, es para lo que se presentan.

Si se cumple este reto será un gran paso en la transformación en esos nuevos Ayuntamientos con la mirada puesta en el 40 cumpleaños que se producirá al final de esta Legislatura y que debería ser definitivamente la entrada en una nueva era del municipalismo moderno que nos equipare y homologue a nuestros socios europeos y dé esas respuestas a las necesidades y exigencias de la población.

Y para ese viaje se debería contar con todos los agentes que intervenimos en la Administración Local: políticos, técnicos, estudiosos, habilitados nacionales. En fin, municipalistas en general. Pero también el Gobierno debe arrimar el hombro, abandonando la política de improvisaciones de los últimos días y devolviéndole a la Administración Local la dignidad que le corresponde, ya que actualmente ni siquiera cuenta con una Dirección General cuando si observamos el organigrama gubernamental otras áreas con mucha menor trascendencia cuentan, incluso, con una Secretaría de Estado. Y así nos va.

 

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